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Martes, 25 Julio 2006 00:00

Concepto de Ciudadano

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EL fin último de un Colegio Profesional es la defensa de la Profesión, pero también, los intereses de los ciudadanos.

Opinión: Maria Nieves Estévez. Las Palmas de Gran Canaria.  

Cuando terminamos nuestros estudios universitarios, y comenzamos a ejercer la profesión en el mercado laboral, nos damos cuenta la cantidad de títulos, convenios, maneras de ejercer una profesión que nosotros creíamos era sólo una: la del Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Cuando terminamos nuestros estudios universitarios, y comenzamos a ejercer la profesión en el mercado laboral, nos damos cuenta la cantidad de títulos, convenios, maneras de ejercer una profesión que nosotros creíamos era sólo una: la del Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Con el tiempo aprendemos dos cosas: primero el fraude que nos encontramos en algunas situaciones no deseadas, y segundo, que al parecer, y si uno lo analiza bien, parece que en este ámbito hay espacio para todos. En ese contexto, nos encontramos con una institución, que dice que nos representa a nivel profesional, pero que no sabemos si será lo suficientemente efectiva, jurídicamente hablando, para defendernos.

Y entonces, todo parece ser bastante confuso. Por comenzar con alguna base, se dice que hay una relación laboral, cuando existe una prestación de servicio, por parte del trabajador, por pago de salario, por parte del empresario. En este caso, las relaciones entre estos dos agentes, el trabajador y el empresario, están determinadas desde el derecho laboral, y la parte considerada en una posición más débil para negociar, el trabajador, tiene el derecho (y la oportunidad reconocida) para organizarse en sindicatos.

Un colegio profesional, no es un sindicato porque no desarrolla sus competencias bajo el derecho laboral, un colegio profesional es una entidad a la que el Estado delega una serie de funciones administrativas, relacionada con una profesión. En otras palabras, el Estado crea los títulos, las profesiones, las competencias desde la regulación educativa pública y privada, luego delega en una entidad, llamada “Colegio Profesional”, que produce normas para la configuración jurídica de la profesión, sobre la base jurídica de ese título.

Bien, el hecho es que parece (como en la transferencia de competencias desde la administración central a la autonómica, o la vía rápida y lenta de la Unión Europea), que algunas profesiones tienen una configuración expresa mediante una ley, pero la mayoría de las profesiones tiene una configuración incompleta o indirecta, mediante las propias normas de los colegios profesionales.

La delegación del Estado en otras entidades (asociaciones, organizaciones e instituciones) es una técnica administrativa habitual para ejecutar fines, pensemos por ejemplo, en las federaciones. Las federaciones son agentes colaboradores de las administraciones públicas que participan de forma activa en la organización y desarrollo de las modalidades deportivas.

Luego, llegados a este punto del desarrollo de este artículo, nos encontramos un aspecto interesante: tanto las federaciones de modalidades deportivas, como el colegio profesional, son instituciones delegadas de la administración. Una, las federaciones, para colaborar en la promoción de una modalidad deportiva, y la otra, el colegio profesional, para colaborar en la configuración jurídica de una profesión y el mercado laboral. El COLEFC, por tanto, está legitimado jurídicamente, como agente activo, delegado y colaborador de la administración, en la configuración de la profesión con respecto al ámbito de la Actividad Física y el Deporte en Canarias, así como el COPLEF tiene esas atribuciones a nivel nacional.

En este estado de cosas, el COLEFC representa a nivel profesional a los Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, y tendremos que profundizar en los mecanismos apropiados para intervenir contra “toda clase de fraudes”, y determinar ese “espacio para todos” en este ámbito profesional, sabiendo, que el fin último a proteger es “el ciudadano”, concepto este último más amplio que el de deportista. Y todo ello, dentro de las posibilidades que se establezca en las normativas jurídicas.

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